El instrumento buscaba el aval para el pago de deudas de gestiones anteriores por más de $1300 millones
El Tribunal de Cuentas respondió al planteo realizado por concejales y concejalas del Frente Chaqueño Fabricio Bolatti y Lucila Masin, y del CER, Soledad Viillagra, Ángel Sánchez y Guillermo Monzón, respecto de la implementación por parte del gobierno de Nikisch, del “Legítimo Abono”, un instrumento a través del cual se buscó el aval para el pago de $1.300 millones que corresponderían a operaciones de ejercicios anteriores que carecen de documentación que aseguren su legalidad y garanticen la recepción del servicio o bien adquirido, una situación incluso reconocida por el propio intendente, pero que aún así promueve su pago.
Ante la estrategia planteada por el oficialismo municipal para avanzar con el pago de estas deudas “sin papeles”, es que las y los concejales opositores solicitaron la revisión del caso al Tribunal de Cuentas. “Necesitábamos precisar el alcance de la Ordenanza que sancionó el ‘Legítimo Abono’ para una lista de operaciones que serían deudas del ejercicio anterior, pero que no cuentan con documentación respaldatoria, ni se dio cumplimiento a los procedimientos legales, situación que ratifica el propio Intendente en el proyecto que eleva al Concejo que luego se impone y aprueba con los votos de las seis bancas del Bloque UCR-JxC”, expresaron las y los ediles del Frente Chaqueño y CER.
Consulta al Tribunal de Cuentas
Con el objetivo de corregir y frenar la inmediata aplicación de la norma de ‘Legítimo Abono’ enviada por el intendente Nikisch, concejales y concejalas realizaron la consulta al organismo revisor, quien confirmó que el instrumento no debe ser utilizado para el pago de deudas sin documentación respaldatoria. “El Tribunal de Cuentas deja en claro el alcance de la Ordenanza, el que no incluye el objetivo buscado por la gestión de Nikisch de pagar expedientes ‘flojos de papeles’ que no garantizan la recepción del bien o servicio adquirido, y que de aplicarse provocaría un daño al Patrimonio de la Ciudad, prestándose además a la realización de actos que tengan como intención la malversación de fondos públicos”, sostuvieron.
En ese marco, mencionaron algunas de las respuestas recibidas por el organismo: “La declaración de Legítimo Abono por parte del Concejo Municipal subsana la ausencia de imputación presupuestaria (compromiso del gasto) al ejercicio correspondiente, permitiendo el pago de deudas no devengadas en ejercicios anteriores”; y “la declaración de Legítimo Abono por parte del Concejo Municipal no enerva o sanea los vicios provenientes de incumplimientos de la normativa vigente para la ejecución del gasto…” .
Motivos de la oposición para no acompañar y denunciarlo
La figura del ‘Legítimo Abono’ se encuentra en la R14 del Tribunal de Cuentas y pretendió ser utilizada por el Departamento Ejecutivo para establecer que el Concejo autorice el pago de más de $1.300 millones que corresponderían a supuestas deudas que tendría el Municipio, expedientes con observaciones y carencia de documentación exigible.
Las y los ediles detallaron que el intendente promovió en primera instancia dicha figura, no encontrada en leyes ni ordenanzas que rijan en la provincia y que carece de definición concreta y de alcance, para
la autorización del pago de deudas del ejercicio anterior, y posteriormente presentó un segundo proyecto con otro listado de facturas por más de $300 millones, en las mismas condiciones, “lo que generó muchas dudas y motivó el NO acompañamiento y la denuncia ante el Tribunal de Cuentas”. “No vimos forma de que el Cuerpo autorice por Ordenanza el pago de algún bien o servicio sin que se cuente con el respaldo que requiere formalmente la operación en el marco de la Administración Pública, porque en tal caso estaríamos regalando injustificadamente parte del Patrimonio Municipal, lo que se iguala en consecuencias a una Condonación de Deuda Pública, una facultad que no tiene el Concejo”, subrayaron.
Por último, las y los concejales de los Bloques opositores remarcaron que el ‘Legítimo Abono’ no es parte de la normativa aplicable a nivel de Constitución, Carta Orgánica, leyes, ni ordenanzas, sólo lo incluye el Tribunal de Cuentas en una Resolución, pero sin detallar el alcance ni reglamentar su aplicación, situación que seguramente generó el escenario para que el oficialismo municipal lo determine y en ello haga mal las cosas, prestándose su utilización para malversación de fondos”.
