La próxima semana el juez federal Sebastián Casanello debe definir si procesa o no al líder del Polo Obrero por presunta defraudación al Estado Nacional.
El expediente se basa en la investigación de una posible malversación de fondos por el Polo Obrero y una cooperativa de trabajo por un total de $360 millones bajo el programa Potenciar Trabajo, se estima que una gran parte de este dinero fue enviado empresas que emitían facturas apócrifas y en algunos casos también se utilizó el dinero para financiar la campaña del Partido Obrero.
Casanello estima que aproximadamente 40 millones de pesos fueron desviados a empresas sospechosas para que las mismas emitan facturas falsas por compras ficticias.
La empresa Coxtex, una empresa que para la AFIP es “fantasma“ es una de las involucradas y figura haberle vendido al polo obrero computadoras y software pero, no existen los registros de dichas compras.
Otra de las empresas vinculadas en el expediente es Miniso Trade, está vinculada a ciudadanos chinos y no cuenta con un domicilio social y tampoco posee historial dentro del sector de computación, y se cree que dicha empresa vendió notebooks ficticias al polo obrero.
Dentro de los $360 millones hay 81 millones de pesos que no se rindieron, de los $279 millones restantes se declararon haber realizado compras de diferentes elementos de trabajo como ser indumentaria, herramientas y diferentes cursos para los beneficiarios del potencial de trabajo y de esos $279 millones, $40 millones fueron desviados por medio de facturas apócrifas en seis empresas diferentes.
$25 millones se destinaron a Imprenta Rumbos (una empresa vinculada al polo obrero) y a Coxtex (Una empresa declarada apócrifa por AFIP), $10 millones fueron distribuidos a Recoprint y Urban Graphics, ésta segunda a su vez endosó cheques por $1.450.000 a Carlos Monfrini y los $3 millones restantes fueron destinados a Miniso Trade una empresa investigada por apócrifa.
De esta manera el polo obrero habría simulado gastos para desviar fondos de los planes sociales.
