La recolección de pruebas en la causa contra el ex presidente Alberto Fernández por presunta violencia de género ha encontrado un obstáculo significativo. La Justicia no podrá acceder a las grabaciones de seguridad de la Quinta de Olivos correspondientes a su mandato, lo que complica la verificación de los hechos denunciados por su ex pareja, Fabiola Yañez.
Según fuentes cercanas al funcionamiento de la residencia oficial, no existirían registros fílmicos de las actividades en Olivos entre 2021 y 2023, debido a la capacidad limitada de almacenamiento de las cámaras de seguridad, las cuales solo conservaban un máximo de 35 días de grabación. Tras este período, los archivos se sobreescribían, eliminando cualquier evidencia previa.
Durante la gestión de Fernández, se decidió grabar con alta definición para poder identificar a las personas que ingresaban, salían y circulaban por el predio. Sin embargo, la mayor calidad de imagen redujo aún más el tiempo de almacenamiento disponible, dejando un margen máximo de 45 a 50 días para conservar las grabaciones. Esta situación ha dificultado la tarea de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N° 7, que investiga la denuncia de Yañez.
El fiscal Ramiro González solicitó al Gobierno información detallada sobre el personal de Olivos, los registros de ingresos, constancias de atención médica y los videos de seguridad de la residencia. Sin embargo, debido a los problemas técnicos mencionados, las imágenes de los presuntos episodios de violencia ocurridos en Olivos podrían haberse perdido definitivamente.
A pesar de estas complicaciones, la actual gestión de la presidencia, bajo la dirección de Karina Milei, se ha mostrado dispuesta a proporcionar la información solicitada que aún está disponible en otros dispositivos. Mientras tanto, la denuncia de Yañez, respaldada por fotos de lesiones y entrevistas recientes, continúa generando controversia y nuevas revelaciones sobre la vida privada del ex mandatario.
