La Cámara de Diputados dio media sanción al proyecto que declara a la educación como un “servicio estratégico esencial” y obliga a las escuelas a abrir los días de paro y contar con una guardia mínima de personal que garantice el derecho a la educación de los niños y adolescentes.
Tras largas horas de debate, la votación se realizó en general y en particular por pedido del miembro informante y resultó con 131 votos a favor, 95 en contra y 2 abstenciones.
Entre otros puntos, la iniciativa propone que, el 30% del personal de la escuela deberá permanecer en sus puestos durante los dos primeros días de la medida de fuerza, para garantizar la continuidad de las clases. Si el paro se prolonga por más de dos días, este porcentaje se incrementará al 50%. De esta manera, aunque se permitiría la realización de las protestas, estas deberían llevarse a cabo bajo las condiciones estipuladas por la nueva normativa.
“Con este proyecto vamos a regular el derecho de huelga en la educación obligatoria, que es materia federal. Acá hay una colisión entre dos derechos: el de los docentes a ejecutar medidas de fuerza y el derecho de los chicos a educarse. Tenemos que buscar un equilibrio. Ningún derecho de la Constitución es absoluto”, señaló Finocchiaro en la presentación del proyecto.
Para asegurar el cumplimiento de la ley, uno de los artículos del proyecto especifica que, a principios de cada año, los equipos de conducción de las escuelas deberán informar a las autoridades sobre la “nómina anual del personal docente y no docente que estará afectado al cumplimiento” de esta medida. Esto permitiría una planificación anticipada y evitaría la interrupción total del servicio educativo durante las huelgas.
Según explicaron desde el bloque PRO en la previa de la sesión, la ley no busca intervenir en situaciones como las que se han producido en provincias como Chubut o Santa Cruz, donde los docentes han realizado paros prolongados debido a la falta de pago de salarios. En cambio, explicaron que el objetivo es limitar lo que describen como “paros políticos”, en referencia a las huelgas convocadas por CTERA, a las que considera más como acciones políticas que sindicales.
En ese sentido, María Eugenia Vidal, diputada del PRO, defendió el proyecto al alegar que “no es verdad que sea una ley en contra de los docentes, en todo caso será una ley en contra de los sindicatos que quieren extorsionar”.
Argumentos de la oposición
Tanto los diputados de Unión por la Patria como del Frente de Izquierda manifestaron su rechazo total al proyecto y votaron en contra debido a que consideran que únicamente apunta a cercenar el derecho a huelga de los trabajadores.
“Este proyecto es un engaño semántico, porque lo que estamos discutiendo no es si la educación es algo esencial sino que toma la esencialidad en otro sentido. El miembro informante fue muy claro y mostró que quiere resolver el problema desde un diagnóstico sesgado: que todos los problemas de la educación tienen que ver con las huelgas docentes”, planteó Itai Hagman, de Unión por la Patria.
