El Gobierno Nacional ha puesto en marcha una amplia auditoría para revisar la legalidad de más de 400.000 Pensiones No Contributivas por Invalidez Laboral en todo el país, con un enfoque especial en la provincia del Chaco, donde casi 99.000 de estos beneficios serán evaluados.
Esta medida, coordinada por la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), responde a la detección de un alarmante número de irregularidades, incluyendo casos tan inverosímiles como el uso de una radiografía de un perro para solicitar una pensión. En el Chaco, la revisión se anticipa como una de las más exhaustivas debido al alto número de pensiones sospechosas en relación con la población de la provincia.
Diego Spagnuolo, titular de la ANDIS, subrayó la necesidad de esta auditoría para garantizar que las pensiones sean otorgadas solo a quienes realmente califican para recibirlas. «El objetivo es asegurar que los beneficios lleguen a quienes lo merecen y evitar el fraude que ha caracterizado a las gestiones anteriores», afirmó Spagnuolo. Además, aseguró que nadie que cumpla con los requisitos legales perderá su pensión.
El caso del Chaco destaca por el volumen de pensiones a revisar y por las evidencias de corrupción que han salido a la luz. Según los primeros resultados, un 35% de las pensiones a nivel nacional presentan algún tipo de incompatibilidad, ya sea por la condición médica o por la posesión de bienes que deberían haber impedido la concesión del beneficio.
La auditoría en el Chaco no solo busca identificar y corregir estos problemas, sino también restablecer la integridad del sistema de pensiones en una provincia donde los beneficios sociales son cruciales para una gran parte de la población. Con estas acciones, el Gobierno espera poner fin a años de manejo irregular y recuperar la confianza en la administración pública.
