El gobierno de Javier Milei ha dado un giro en la regulación del transporte de pasajeros de larga distancia al eliminar la obligatoriedad de contratar un seguro de vida para los pasajeros. Esta decisión, publicada recientemente en el Boletín Oficial, busca reducir costos y promover la competencia en el sector, como parte de una política más amplia de desregulación.
La resolución anula la normativa previa que exigía a las empresas de transporte incluir una cobertura por muerte e incapacidad en sus seguros. A partir de ahora, solo será obligatorio el seguro de responsabilidad civil, lo que, según el gobierno, permitirá reducir las tarifas de los pasajes al eliminar costos adicionales. Esta medida retrocede respecto a una resolución de 2022 del Ministerio de Transporte, que establecía el costo del seguro de vida por pasajero en cada boleto de viaje.
Aunque el gobierno justifica la eliminación del seguro como un paso hacia un mercado más libre y accesible, la decisión ha generado críticas por parte de especialistas en seguridad vial y defensores de los derechos del consumidor. Estos sectores advierten que la falta de un seguro de vida específico podría dejar a los pasajeros más vulnerables en caso de accidentes graves.
El Ministerio de Economía, liderado por Luis Caputo, defendió la medida como parte de un esfuerzo por simplificar las regulaciones y armonizarlas con la agenda de desregulación de la administración. Desde la Secretaría de Transporte explicaron que el costo de la cobertura eliminada era de unos 250 pesos por pasajero y que su eliminación busca reducir gastos innecesarios para los viajeros.
La eliminación del seguro de vida obligatorio ha generado un intenso debate sobre sus posibles consecuencias, en particular en cuanto a la seguridad y protección de los pasajeros que utilizan el transporte de larga distancia en Argentina.
