Un grupo de diputados nacionales del PRO presentó dos proyectos de Ley con el fin de quitarle a Alberto Fernández la pensión de privilegio, los honores y la custodia que tiene por haber sido Presidente de la Nación. Las iniciativas las impulsan Silvana Giudici, Damián Arabia y un grupo de 12 legisladores del bloque amarillo. Surgió a partir de la denuncia que Fabiola Yánez, ex primera dama, le realizó al ex mandatario por violencia de género.
El articulado dispone la modificación de la Ley 24.018, sobre pensiones de vitalicias de privilegio para presidente, vicepresidentes y jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Propone incorporar dos párrafos que establezcan que se perderá el derecho a pensión vitalicia quedando fuera del presente régimen especial, pasando a regirse por el régimen general conforme las previsiones en caso de ser condenados por delitos cometidos mientras se encontrase en ejercicio de su función pública.
El proyeceto señala que se quitarán los privilegios mencionados cuando haya condena firme en segunda instancia. Y enumera los siguientes delitos cometidos por el ex mandatario que fuere condenado: causas de corrupción, incumplimiento de deberes de funcionario público, delitos contra la integridad sexual.
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El Proyecto presentado por los diputados del PRO a partir de la denuncia de Fabiola Yáñez contra Alberto FernándezEl proyecto tomó estado parlamentario hoy y se espera que sea girado a las comisiones de Asuntos Constitucionales, Previsión social y Legislación Penal.
El portal de noticias Infobae publicó que además de Giudici lo firmaron los diputados del PRO Hernán Lombardi, Sabrina Ajmechet, Karina Bachey, José Nuñez, Emmanuel Bianchetti, Florencia De Sensi y Patricia Vasquez. Por estas horas, en el partido amarillo se movían para sumar más firmas al articulado. Incluso, tendieron redes con las bancadas dialoguistas y con La Libertad Avanza.
El proyecto también agrega la inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos a quienes ejerzan violencia de género o violaciones (también cuando exista una condena en segunda instancia judicial). “Es necesario evaluar los privilegios otorgados en función de la condena a la que se arribe en ámbito judicial”, argumentan los legisladores en los fundamentos.
