El secretario de Transporte de la Nación, Franco Mogetta, anunció en la Cámara de Diputados que “desde septiembre la Ciudad Autónoma de Buenos Aires va a solventar el 100% de las compensaciones” de sus líneas de colectivos y aseguró que “las empresas tienen que tener autonomía y libertad”.
Mogetta enfatizó que “el Estado nacional no va a poner un peso más” para los subsidios del transporte automotor tanto de la Ciudad de Buenos Aires como de la provincia de Buenos Aires, aunque no especificó cuándo comenzará esta medida en la provincia.
Ante la Comisión de Transporte de la Cámara Baja, el secretario afirmó que ambas jurisdicciones “se van a tener que hacer cargo del boleto integrado, que es el beneficio que tiene la red SUBE para el pasajero que se baja de un medio de transporte y accede a otro dentro de las dos horas”.
Desde el próximo mes, las 31 líneas de colectivo que eran solventadas con fondos nacionales pasarán a la órbita del gobierno de la Ciudad. Este tema se venía debatiendo desde hace varios años bajo diversas administraciones.
Solo se subsidiará el transporte que hace su recorrido entre la Ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires. El transporte que solo circula por localidades de la Provincia tendrá sus costos cubiertos por la gobernación de Axel Kicillof.
Mogetta explicó que cuando asumió el presidente Javier Milei en diciembre, el Estado “subsidiaba el 92% de los costos que demandaban las empresas para funcionar” en el Área Metropolitana. Actualmente, la cobertura de estos costos es del 67%, lo cual es resultado de una mejora en el manejo de los recursos nacionales.
“Nos estamos ocupando de eficientizar estos indicadores, ya que creemos que las empresas tienen que tener una mayor autonomía del Estado, sobre todo las líneas de colectivos que son privadas, y deben manejar con mayor libertad sus ingresos, y no estar condicionados por el subsidio que paga el Estado”, puntualizó.
En la comisión presidida por la radical Pamela Verasay, se reclamó por los subsidios al transporte de pasajeros del interior. Mogetta afirmó que el Estado nacional intervenía de manera distorsiva en las jurisdicciones del interior, estableciendo condiciones gravosas para acceder al fondo compensador, como la adhesión obligatoria al sistema SUBE y la exigencia de que las provincias aportaran el mismo monto que la Nación sin ningún estudio técnico.
