El presidente Javier Milei confirmó que vetará la ley recientemente aprobada por el Senado que incrementa el presupuesto destinado a las universidades nacionales. Esta ley, impulsada por la oposición, busca garantizar los recursos necesarios para el funcionamiento de las instituciones educativas, incluyendo ajustes salariales para docentes y no docentes, según el índice de inflación.
Una alta fuente del Gobierno informó que el veto será «total», argumentando que la medida pone en riesgo el objetivo central del Gobierno de alcanzar el superávit fiscal. El proyecto fue aprobado en la madrugada del viernes por 57 votos a favor, 10 en contra y una abstención en el Senado, luego de haber sido tratado en la Cámara de Diputados.
El impacto fiscal de la medida sería de aproximadamente 735.598 millones de pesos, lo que representa un 0,14% del PBI, según la Oficina de Presupuesto del Congreso. El proyecto contempla ajustes bimestrales del presupuesto de las universidades nacionales basados en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) informado por el INDEC, con incrementos salariales para los empleados del sector universitario.
El rechazo de Milei se produjo en el mismo contexto en que el Congreso también desestimó un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) del Ejecutivo que destinaba $100.000 millones adicionales a la Secretaría de Inteligencia (SIDE). La decisión de vetar el financiamiento a las universidades se enmarca en la política económica del Gobierno, que busca controlar el gasto público y reducir el déficit.
Esta ley, además, obliga al Poder Ejecutivo a actualizar los fondos asignados a las universidades nacionales entre enero y diciembre de 2024, de acuerdo a la inflación. Los salarios de los empleados universitarios se ajustarán mensualmente según la variación del IPC, salvo que exista un acuerdo entre las autoridades universitarias y los gremios docentes para modificar este esquema.
La decisión de Milei ha generado fuertes críticas de la oposición y el sector educativo, quienes consideran fundamental el incremento del presupuesto para el correcto funcionamiento y desarrollo de las universidades.
Fuente: Ámbito