El caso mereció una declaración del Consejo Profesional de Abogados de Resistencia, que dijo haber visto «con pavor» el procedimiento del lunes, del cual circularon videos en redes sociales. En ellos se ve a no menos de veinte efectivos, incluidos miembros de la infantería policial y del Comando de Operaciones Especiales, inutilizando a golpes el portón de la vivienda, entre los gritos de los vecinos que defendían a la mujer, cuyas iniciales son G.C.
La actuación policial y la intervención del equipo de Salud Mental del hospital público se disparó a raíz de un par de oficios de la defensora general del Poder Judicial, Alicia Alcalá, solicitando informes sobre la situación de G.C., quien había trabajado en esa Defensoría. G.C., incluso, llegó a decir en un video que atribuía toda la situación a una denuncia por acoso laboral que había formulado contra su jefa.
El caso tiene puntos no aclarados todavía. Por ejemplo, no se sabe por qué la Policía siguió adelante con la invasión del domicilio de G.C. si no tenía una orden de allanamiento y si, sobre todo, minutos antes hubo una comunicación telefónica con la fiscal de turno quien, al tomar conocimiento del caso, dijo expresamente que se desistiera de violentar la casa de la mujer. Esto consta en los informes internos elaborados por la Policía luego del episodio. ¿Qué sucedió? ¿Alguna otra autoridad dio una orden en contrario o la Policía actuó por decisión propia?.
