A través de una auditoría realizada por la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), Nación determinó que la Obra Social del Personal de La Industria Ladrillera a Máquina (OSPILM) y la Obra Social del Personal Ladrillero (OSPL), quedan intervenidas debido a irregularidades que presentaron al momento de rendir cuentas y en la prestación de servicios, entre otras cosas.
En los Decretos 911/2024 y 912/2024, publicados en Boletín Oficial, se enumeraron una serie de anomalías como resultado de un control llevado a cabo por la Subgerencia de Control de Gestión en donde además, se establece un plazo de intervención por el término de ciento ochenta días. Al mismo tiempo designa un interventor para cada una de las obras sociales, con el fin de realizar y elevar al Ministerio un informe mensual tendiente a la normalización.
El organismo, que se encuentra bajo la órbita del Ministerio de Salud, detectó que OSPILM «no cumple con el Registro de Referentes de Discapacidad«, además de mostrar «un atraso considerable en la presentación de los Estados Financieros Discapacidad (EFD) y los Informes Detallados de Aplicación de Fondos (IDAF)».
En lo que respecta a la Obra Social del Personal Ladrillero, identificada bajo el código 1-1030-5, el Ejecutivo señaló «demoras, pérdida de turnos médicos y, en definitiva, obstaculización de su cobertura«, y en igual sentido que para OSPILM sostuvo que «no difunde normativa, campañas de prevención, información clara sobre la modalidad de acceso a dichas prestaciones, su alcance y trámites respectivos, al igual que para la Interrupción Voluntaria del Embarazo, Identidad de Género, Prevención del Suicidio y Violencia de Género.»
«Continúa sin contar con canales de comunicación y de acceso a la información completos y adecuados, requiriendo actualizaciones y ampliación de información respecto a Salud Mental, Interrupción Voluntaria del Embarazo, Interrupción Legal del Embarazo, Identidad de Género, Prevención del Suicidio, Violencia de Género y Anexos» lo que repercute en la imposibilidad de acceso para los beneficiarios, en su mayoría monotributistas que no están afiliados al gremio, viéndose obstaculizada la atención que deriva en reclamos telefónicos.
En síntesis, el Decreto 912/2024 bajo el cual se encuentra comprendido el listado de irregularidades, señala que «no garantizan una adecuada y oportuna cobertura de salud a sus beneficiarios, siendo de tal magnitud que interfieren en el normal funcionamiento de la entidad.»
