El Gobierno nacional designó al diplomático en reemplazo de Ricardo Lagorio, en el marco de una reestructuración del Servicio Exterior.
El Gobierno de Javier Milei ha designado a Francisco Tropepi como nuevo representante permanente de Argentina ante las Naciones Unidas, reemplazando a Ricardo Lagorio. Esta decisión, oficializada en el Decreto 957/2024 y publicada en el Boletín Oficial, forma parte de una reestructuración del Servicio Exterior que busca alinear su estructura con las políticas del actual Ejecutivo.
Tropepi, un diplomático de carrera y Ministro Plenipotenciario de Segunda Clase, cuenta con una vasta experiencia en el ámbito internacional. Recientemente, se desempeñó como encargado de negocios en la embajada argentina en Israel y trabajó en la representación de Argentina en Estados Unidos, bajo la dirección de Gerardo Werthein. Con su nombramiento, Tropepi asume el rango de embajador extraordinario y plenipotenciario ante la ONU, donde tendrá la misión de representar y defender los intereses de Argentina.
El decreto establece las disposiciones legales que justifican esta designación, señalando que la Ley del Servicio Exterior de la Nación permite acreditar a funcionarios de las categorías B y C como jefes de misión con el rango de embajador cuando sea necesario. Esto asegura que Tropepi pueda ejercer sus funciones con la autoridad requerida en el organismo internacional.
Asimismo, el decreto indica que Lagorio será trasladado al Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, finalizando su convocatoria en el Cuerpo Permanente Activo del Servicio Exterior de la Nación, lo que implica su regreso a Argentina al concluir su período como representante ante la ONU.
La medida, que también detalla que los gastos derivados de estos cambios se imputarán al presupuesto del Ministerio de Relaciones Exteriores, refleja un compromiso del Gobierno con la reorganización de la política exterior argentina, adaptándose a los objetivos estratégicos en el contexto internacional.
La intervención de la Secretaría de Coordinación y Planificación Exterior y la Dirección General de Asuntos Jurídicos, ambas del Ministerio de Relaciones Exteriores, respalda la adecuación de este proceso a las normativas vigentes, asegurando así un marco legal sólido para la transición.
