La medida busca reformular un régimen que generó un déficit de $7.000 millones.
El presidente Javier Milei firmó el decreto 939/2024, que impone un plazo de seis meses para revisar los beneficios impositivos otorgados a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) por el gobierno anterior. Esta decisión crea un Comité multisectorial encargado de auditar y reformular el régimen vigente, con el objetivo de establecer un sistema «eficiente, suficiente y sostenible». La medida responde a la necesidad de controlar el impacto fiscal de los beneficios, que según el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, generaron un déficit de alrededor de $7.000 millones entre noviembre y abril.
En su intervención, Sturzenegger subrayó la importancia de diagnosticar las razones detrás de este déficit y trabajar en un nuevo modelo que beneficie al fútbol argentino sin comprometer la economía del país. «El Gobierno trabajará constructivamente para el diseño de un sistema sustentable», aseguró. La medida se produce en un contexto de creciente tensión entre el Gobierno y el presidente de la AFA, Claudio «Chiqui» Tapia, quien fue reelecto por unanimidad hasta 2028, lo que ha avivado las disputas en torno a la gestión de la asociación.
Milei se mostró firme en su crítica hacia la AFA durante una entrevista televisiva, describiendo la situación actual como «una de las batallas más importantes a dar». Afirmó que, aunque Argentina es el semillero del mundo en fútbol, podría contar con una liga local de mayor calidad si no fuera por «los manejos turbios» que ha tenido la AFA. Este planteo marca un cambio significativo en la relación entre el Gobierno y el organismo rector del fútbol argentino, que se había beneficiado de un régimen impositivo favorable durante años.
El nuevo Comité, que reportará a la Jefatura de Gabinete, estará compuesto por representantes de distintos ministerios, la AFIP, la ANSES, la AFA y los clubes de fútbol. Uno de los delegados de los clubes será elegido entre los tres que hayan tenido la mayor cantidad de socios durante 2023, lo que busca dar voz a las instituciones más representativas del fútbol argentino. Esta iniciativa se suma a la derogación del decreto 510 del gobierno de Alberto Fernández, que había reinstaurado beneficios otorgados inicialmente durante la presidencia de Néstor Kirchner.
