La Cámara Nacional en lo Civil ratificó un fallo de primera instancia que establece que el ex presidente Alberto Fernández debe asignar el 30% de su jubilación de privilegio como alimentos provisorios a su ex pareja, Fabiola Yañez, para la manutención de su hijo Francisco.
Detalles del fallo
La resolución, emitida por la Sala E e integrada por los jueces Marisa Sorini, Ricardo Li Rosi y José Fajre, estipula que Fernández deberá destinar aproximadamente 5,1 millones de pesos mensuales, considerando su jubilación total de 17 millones de pesos. La medida tiene carácter provisorio y estará vigente hasta que las partes acuerden una cuota fija o la justicia dictamine un monto definitivo.
Los magistrados subrayaron que los alimentos provisorios, según el artículo 544 del Código Civil y Comercial, buscan atender las necesidades inmediatas del beneficiario mientras se desarrolla el proceso judicial. Además, sostuvieron que el porcentaje establecido es suficiente para cubrir los requerimientos del menor sin perjudicar al alimentante.
Contexto y antecedentes
El fallo se enmarca en un proceso judicial más amplio, que incluye una denuncia por violencia de género presentada por Fabiola Yañez contra Fernández en agosto pasado. En la misma, Yañez acusó al ex mandatario de haber ejercido violencia física y psicológica durante su relación, incluso mientras ocupaba la Presidencia de la Nación.
La denuncia menciona episodios de maltrato psicológico desde 2016 y agresiones físicas, incluidas durante el embarazo de Yañez, cuando convivían en la Quinta de Olivos. A raíz de estas acusaciones, el juez federal Julián Ercolini citó a indagatoria a Fernández, procedimiento fijado para el 11 de diciembre de 2024.
Reacciones y próximos pasos
La defensa de Fernández buscará revertir el fallo en instancias superiores mientras intenta llegar a un acuerdo económico con Yañez. Por otro lado, la causa de alimentos sigue su curso en paralelo al expediente por violencia de género, que podría tener implicancias penales significativas para el ex mandatario.
Este caso combina aspectos civiles y penales, reflejando las tensiones de una separación mediática con implicancias legales de alto impacto político y social.
