El caso pone en tensión los derechos de identidad de género y la seguridad en las cárceles femeninas de Córdoba, abriendo el debate sobre medidas de alojamiento para la población trans en el sistema penitenciario.
El sistema judicial de Córdoba enfrenta un caso sin precedentes tras ordenar el traslado de Gabriela Fernández, una reclusa transgénero, a una unidad especial luego de que fuera denunciada por múltiples casos de violencia y abuso en su pabellón femenino. La decisión fue tomada por la Cámara de Acusación de Córdoba luego de que, en julio de 2023, se reportara que Fernández abusó sexualmente de una interna que resultó embarazada.
La historia judicial de Fernández comenzó hace más de una década cuando, bajo el nombre de Gabriel, fue condenada por delitos de violencia contra sus parejas. Tras su transición y cambio de identidad, fue trasladada a un pabellón femenino, donde —según informes penitenciarios— se habría convertido en una figura dominante, intimidando y maltratando a otras internas.
El tribunal subrayó que en su esfuerzo por garantizar los derechos de identidad de la imputada, se puso en riesgo la seguridad de 481 reclusas y del personal penitenciario. Esta decisión sienta un precedente en el manejo de casos similares y plantea la necesidad de unidades especiales que respeten tanto la identidad de género como la seguridad de la población carcelaria, siguiendo ejemplos de otros países como Gran Bretaña, donde se implementaron medidas similares en 2019.
