En un allanamiento realizado en el marco de la investigación por la desaparición de Guido Sebastián Vallejos, la Policía secuestró un vehículo implicado en un caso de estafa y diversas armas de fuego ilegales en una vivienda de Resistencia.
La Policía de Resistencia realizó un operativo de allanamiento en un domicilio de calle San Fernando al 500, como parte de la búsqueda de Guido Sebastián Vallejos, desaparecido desde el pasado 4 de noviembre en el barrio Villa Odorico. La inspección, ordenada por el Juzgado de Garantías N° 4 con intervención del Equipo Fiscal N° 14, no arrojó resultados directos sobre el paradero de Vallejos, pero reveló un vehículo Chevrolet Cruze gris, propiedad de la dirigente piquetera Vanesa López. Este automóvil estaba vinculado a una causa de estafa investigada por el Juzgado Federal N° 2.
La División Delitos Contra las Personas, dependiente del Departamento Investigaciones Complejas, dispuso el secuestro del automóvil en cumplimiento de un pedido de captura vigente. Además, en la misma vivienda se encontraron varias armas de fuego en posesión del dueño de la propiedad, un hombre de 46 años. Entre las armas incautadas había rifles calibre 22 de las marcas Lee y Centauro con numeración limada, además de escopetas calibre 12 y 16. También se hallaron cartuchos de distintos calibres, lo cual motivó el inicio de una causa judicial por «Supuesta Infracción al Artículo 189 Bis» del Código Penal, referente a la tenencia ilegal de armas de fuego. El propietario fue notificado de las actuaciones y dejado en libertad.
Vanesa López, la propietaria del vehículo secuestrado, es una dirigente piquetera del barrio Toba que fue condenada junto a su esposo y un colaborador por lavado de activos en Resistencia. López desviaba mercaderías destinadas a sectores vulnerables, que recibía del Ministerio de Desarrollo Social, y las vendía para adquirir bienes de lujo, como camionetas y motocicletas, que no podía justificar. La condena, obtenida mediante un juicio abreviado, implicó tres años de prisión en suspenso y una multa, además de señalar deficiencias en los sistemas de control de ayuda social de la provincia.
