La asamblea interfacultades, reunida en Plaza de Mayo, ha decidido llevar a cabo una nueva marcha universitaria el 12 de noviembre, la cual se realizará en todo el país. Esta resolución, adoptada por activistas de diversas provincias y sindicatos combativos como ADIUNT, busca dar continuidad a las protestas ante la falta de respuestas satisfactorias sobre el presupuesto 2025. A pesar de la propuesta de algunos sectores universitarios de postergar la marcha hasta diciembre, la asamblea considera insuficientes los paros aislados y el debate parlamentario actual.
Las tomas y movilizaciones se han convertido en herramientas esenciales para sostener los reclamos estudiantiles, aunque han encontrado resistencia de rectores de distintos sectores políticos que intentan frenar las protestas. Si bien algunas tomas han sido levantadas, nuevas ocupaciones han surgido, como en Santa Fe, y varias universidades, incluyendo Catamarca, Río Gallegos y Filosofía y Letras en la UBA, continúan en estado de ocupación.
El movimiento estudiantil se mantiene activo gracias a la participación de estudiantes autoconvocados y organizaciones independientes, que han rechazado los intentos de algunas agrupaciones de desmovilizar a los estudiantes. En medio de esta situación, las clases continúan en un formato alternativo de clases públicas.
Mientras las autoridades universitarias buscan negociar un aumento en el presupuesto para el próximo año, que aún no compensa la pérdida salarial de docentes y no docentes, el gobierno adopta una postura más firme, anunciando auditorías y sanciones. Además, se están promoviendo reformas consideradas privatizadoras en varias universidades; por ejemplo, en la Facultad de Económicas de la UBA, se han reducido materias en las carreras de Economía y Administración bajo la excusa de «modernización».
