Se trata de Sergio Urribarri, dos veces gobernador de Entre Ríos y uno de los mandatarios provinciales durante el kirchnerismo más cercano a CFK. La Justicia lo encontró culpable por el desvío de más de 5 millones de dólares para su propio beneficio.
La Cámara de Casación Penal de Entre Ríos dictó la prisión preventiva contra el ex gobernador Sergio Urribarri (2007 – 2015) en la causa en la que fue condenado en 2022 a ocho años de cárcel e inhabilitado a perpetuidad para ejercer cargos públicos.
El exmandatario provincial fue detenido en horas del mediodía en una vivienda de Concordia, localidad ubicada a casi 270 kilómetros de Paraná, y será trasladado hacia la Unidad Penal 1 de la capital entrerriana. Juan Pablo Aguilera, cuñado de Urribarri que fue condenado en la misma causa, también fue detenido y trasladado al mismo centro penal.
«Estuvieron con bajo perfil en todo este último tiempo. El que los veía, los insultaba. Hicieron mucho daño y la gente estaba mal», sostuvo el periodista entrerriano Daniel Enz, en diálogo con Luis Mino en el programa «Ahora Vengo».
La condena de Sergio Urribarri
En abril de 2022, Urribarri fue condenado a ocho años de prisión efectiva e inhabilitación perpetua por los delitos de negociación incompatible con la función pública y peculado en las cinco causas que se tramitaron desde septiembre del año anterior en los Tribunales provinciales.
De inmediato, el ex gobernador de Entre Ríos presentó la renuncia al cargo de Embajador en Israel que ocupaba. La noticia la recibió en Tel Aviv, cumpliendo sus funciones diplomáticas.
El fallo entendió que la instalación de un parador en la playa La Perla de Mar del Plata en enero de 2015; la difusión en medios nacionales de spots relacionados con la Cumbre del Mercosur realizada en Paraná en diciembre de 2014 y la publicación de una solicitada contra los fondos buitre eran montajes para pagar con recursos del Estado la campaña de Urribarri para posicionarse como uno de los candidatos a disputar la sucesión de Cristina Fernández de Kirchner en la presidencia de la Nación.
También se apuntó contra el exmandatario por un esquema de cartelización de publicidad en vía pública en favor de las empresas que la Justicia entendió eran operadas por personas a las que se consideró testaferros de su cuñado Aguilera.
Por último, se lo condenó por la contratación de publicidad oficial a través de una empresa denominada Global Means sin haber cumplido con los requisitos formales para ello.
