Nuevas normativas prohíben el uso partidario de bienes públicos y la influencia ideológica en la educación, buscando garantizar transparencia y pluralismo.
Mediante los decretos 1084/2024 y 1086/2024, el Gobierno nacional estableció restricciones para limitar la influencia política en espacios públicos y educativos. Estas medidas, firmadas por el jefe de Ministros Guillermo Francos, la ministra Sandra Pettovello y el presidente Javier Milei, apuntan a garantizar neutralidad y respeto por los valores democráticos.
El primer decreto prohíbe la exhibición de propaganda partidaria en edificios, monumentos y bienes estatales, así como el uso de recursos públicos para promover figuras o ideologías políticas. También restringe la asignación de nombres de personalidades políticas a bienes estatales hasta 10 años después de su fallecimiento y prohíbe homenajes a personas que hayan accedido al poder por actos contrarios al orden constitucional.
En el ámbito educativo, se modificó la Ley de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes para incluir explícitamente que imponer ideologías políticas en las escuelas constituye una violación de derechos fundamentales. Se busca garantizar una educación plural, libre de influencias partidarias y alineada con la libertad de pensamiento.
Las normativas permiten a los ciudadanos denunciar violaciones y contemplan sanciones graves para funcionarios que incumplan estas disposiciones, reforzando el compromiso del Estado con el respeto por la institucionalidad y el uso responsable de los recursos públicos.
