El funcionario adquirió tres inmuebles por más de 2 millones de dólares mediante sociedades offshore no declaradas, lo que podría constituir una violación a la Ley de Ética Pública.
Andrés Vázquez, recientemente designado jefe de la Dirección General Impositiva (DGI), enfrenta cuestionamientos por la omisión de bienes en sus declaraciones juradas. Según una investigación realizada por La Nación y el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), Vázquez adquirió entre 2013 y 2015 tres propiedades en Miami por un valor superior a los 2 millones de dólares mediante sociedades offshore constituidas en las Islas Vírgenes Británicas y Panamá, las cuales no fueron informadas a la Oficina Anticorrupción.
Aunque vendió una de estas propiedades en 2018, las restantes siguen siendo administradas por empresas de su control. La Ley de Ética Pública obliga a los funcionarios a declarar anualmente todos sus bienes, incluyendo propiedades y participaciones accionarias. La omisión de estos activos podría ser considerada «omisión maliciosa», un delito que prevé sanciones como la inhabilitación para ejercer cargos públicos.
No es la primera vez que Vázquez enfrenta denuncias vinculadas a paraísos fiscales. En 2011 fue investigado por cuentas no declaradas en Curazao y Luxemburgo, aunque fue sobreseído en 2022. A pesar de su extenso historial en la AFIP, sus declaraciones patrimoniales nunca incluyeron estas propiedades ni las sociedades vinculadas.
El caso reaviva el debate sobre el control del patrimonio de los funcionarios públicos y pone en jaque su continuidad en un puesto clave para el control impositivo en el país.
