El papa Francisco tomó la decisión de expulsar del estado clerical al sacerdote argentino José Justo Ilarraz, quien en 2018 fue condenado a 25 años de prisión por abusar de siete menores en un seminario de Entre Ríos. El anuncio fue realizado por el Obispado de la Santísima Concepción, en Tucumán, tras la conclusión de un proceso administrativo penal llevado a cabo por el Tribunal Interdiocesano Bonaerense.
Ilarraz, de 65 años, cumple prisión domiciliaria en Paraná, Entre Ríos, a la espera de una resolución de la Corte Suprema tras apelar la sentencia. Las denuncias, que salieron a la luz en 2012, involucraron a más de 50 menores de entre 10 y 14 años y datan de los años 1984 a 1992, cuando el sacerdote era prefecto de disciplina y guía espiritual en el Seminario Nuestra Señora del Oráculo de Paraná.
En 2018, el tribunal lo declaró culpable de corrupción de menores agravada y abuso deshonesto agravado. Sin embargo, el sacerdote negó las acusaciones, argumentando que eran parte de una «conspiración».
Declaración oficial de la Diócesis
En su comunicado, la Diócesis de Concepción expresó su compromiso con la búsqueda de la verdad y la justicia, condenando enérgicamente cualquier tipo de abuso y acompañando a las víctimas en su dolor. La decisión del papa Francisco marca un paso significativo en la política de «tolerancia cero» hacia los abusos en la Iglesia Católica.
Un caso con repercusiones globales
El caso de Ilarraz no solo generó conmoción en Argentina, sino que también fue mencionado en investigaciones internacionales sobre abusos clericales, incluso apareciendo en la película ganadora del Oscar Spotlight (2015).
El proceso judicial, que se extendió por seis años, enfrentó obstáculos debido al tiempo transcurrido desde los delitos. No obstante, la gravedad de los hechos permitió avanzar en una condena ejemplar.
Impacto en la Iglesia
Desde 2012, la Iglesia Católica había suspendido al sacerdote, quien antes de su condena residió en Roma y más tarde en Tucumán. Este caso refuerza la presión sobre la institución para implementar medidas más estrictas y efectivas en la prevención y sanción de abusos dentro de sus filas.
