La arbitraria medida fue dispuesta por el Juez Civil y Comercial N°21 del Poder Judicial de la Provincia de Chaco, Fernando Benito Flores con total menosprecio de la estructura y función de Derecho Federal y su supremacía sobre el Derecho Público Provincial; desconociendo el rol institucional de la Corte Suprema de Justicia e inaplica normas expresas, sin declarar su inconstitucionalidad, que atribuyen el fuero federal cuando el Estado Nacional es parte.
Se presenta en abierto desafío a la resolución del Juzgado Federal N° 1 de Corrientes quien se declaró competente para intervenir en la causa, teniendo en cuenta que la institución demandada es la Universidad Nacional del Nordeste a quien le corresponde la jurisdicción federal.
Respecto de la ilegal medida del Juez Flores, debemos recordar que conforme a las leyes vigentes los fondos estatales son, en principio, inembargables, por lo que tal decisión del magistrado, resulta abusiva, temeraria y contraria a derecho.
Pero tal situación se agrava por la circunstancia que el embargo afectó, entre otros, a fondos que son retenidos por la Universidad, de los haberes de su personal, en cumplimiento de órdenes judiciales y cuyo destino es el pago de cuotas alimentarias para la manutención de niños, niñas, mujeres y otros grupos vulnerables que como sabemos, son sujetos de especial tutela conforme convenios internacionales y leyes vigentes en nuestro país.
Desde la Universidad se están realizando todas las acciones legales civiles y penales a fin de destrabar tal indebida afectación de fondos, y ha solicitado a las autoridades de feria de la justicia chaqueña, que proceda a liberar en forma inmediata, los fondos retenidos ilegalmente para poder garantizar prontamente el pago de las cuotas alimentarias afectadas.
En el mismo orden se iniciaron actuaciones destinadas a pedir sanciones y resarcimiento contra los magistrados intervinientes y los abogados que actuaron en forma temeraria y maliciosa.
Se ha señalado que el accionar del juez plantea serios interrogantes sobre el respeto por los principios de razonabilidad, además de exponer una falta de sensibilidad hacia los derechos sociales de la infancia y de las mujeres.
Esto pone en estado de Alerta a la Universidad ya que no puede justificarse bajo ninguna circunstancia que un conflicto judicial afecte recursos destinados a garantizar cuotas alimentarias de infancias, como también del Fondo de Complementación de Jubilaciones y Pensiones y pago a profesores.
La situación demanda un debate urgente sobre la necesidad de equilibrar las prerrogativas judiciales con la protección de derechos fundamentales de personas vulnerables como niños, niñas y mujeres con derecho a alimentos, y deja en evidencia la importancia de garantizar un accionar prudente y responsable por parte de quienes administran justicia.
