La Cámara Federal de Mendoza ordenó a la dictadura de Nicolás Maduro informar de inmediato el paradero del gendarme argentino Nahuel Agustín Gallo, detenido desde el 8 de diciembre en Venezuela. El tribunal emitió un habeas corpus instando al régimen chavista a detallar los motivos de su detención, identificar a las autoridades judiciales responsables y garantizar el contacto del detenido con sus familiares y representantes consulares.
Gallo fue arrestado tras cruzar el puente internacional de Táchira desde Colombia, en un viaje para reunirse con su familia. Desde entonces, su paradero permanece incierto, salvo por declaraciones del líder chavista Diosdado Cabello, quien confirmó su detención y lo acusó de supuestos “planes terroristas”.
El fallo de la Justicia argentina también contempla una denuncia por desaparición forzada ante la Fiscalía de Distrito, subrayando posibles violaciones a los derechos humanos. Además, el Ministerio de Relaciones Exteriores ha sido notificado para gestionar el pedido diplomáticamente.
La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, destacó la resolución como un paso clave para presionar al régimen de Maduro. “Se enviará a través de canales consulares vía Brasil”, confirmó en una entrevista televisiva.
El caso ha generado tensiones políticas en Argentina, con el Gobierno distanciándose de las gestiones realizadas por el exembajador Oscar Laborde, quien habría intervenido en representación de la familia del gendarme. Desde el Instituto Patria también se desmarcaron de las acciones de Laborde, quien actualmente colabora con Cuba y Venezuela.
La detención de Gallo se suma a otros casos similares en los que ciudadanos extranjeros han sido privados de su libertad en Venezuela, presuntamente como parte de estrategias de negociación política.
El fallo judicial representa una escalada en las acciones diplomáticas argentinas, en busca de proteger los derechos fundamentales de Nahuel Gallo y asegurar su pronta liberación.
