La Agencia Nacional de Discapacidad y el PAMI revisarán pensiones no contributivas en todo el país, tras revelar que el 80% de los beneficiarios no cumplía con los requisitos. Se dieron de baja prestaciones cobradas por presos y fallecidos.
El gobierno nacional anunció la auditoría de más de un millón de pensiones no contributivas por invalidez laboral luego de detectar que el 80% de los beneficiarios no cumplía con los criterios establecidos. La medida, a cargo de la Agencia Nacional de Discapacidad y el PAMI, incluirá entrevistas presenciales con los beneficiarios en todo el país.
Durante la última auditoría, realizada en diciembre de 2024, se descubrió que muchas prestaciones eran percibidas por personas que no padecían la afección declarada. Además, se cancelaron 212 pensiones cobradas por presos y 150 que seguían activas a nombre de fallecidos.
Normativa y criterios:
El gobierno detalló que esta auditoría forma parte de un plan para reforzar los controles sobre las prestaciones sociales. En este marco, se actualizó la normativa que determina las condiciones de invalidez laboral, basada en baremos elaborados por expertos en medicina legal-laboral y peritos especializados.
Estos baremos permiten evaluar el grado de deterioro psicofísico de cada solicitante de forma cualitativa. “La normativa clasifica las afecciones psicofísicas según su impacto en la capacidad laboral, para determinar si justifican el otorgamiento del beneficio”, explicaron desde el Ejecutivo.
Impacto y reacciones:
Las irregularidades detectadas han generado fuertes críticas y un llamado a la transparencia en la asignación de estas prestaciones. Lidia Casasola, jefa de ANSES en Las Breñas, expresó: “Sorprende que tanta gente cobrara sin necesitarlo”.
Esta medida busca garantizar que los recursos del Estado lleguen efectivamente a quienes los necesitan, fortaleciendo la transparencia en la gestión de políticas sociales.
