En 2024, las transferencias discrecionales del Gobierno nacional a las provincias cayeron un 75%, marcando un cambio significativo en la distribución de recursos bajo la gestión del presidente Javier Milei. Exceptuando a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), que se benefició de una medida cautelar favorable de la Corte Suprema por la restitución de coparticipación, todas las jurisdicciones experimentaron una reducción real interanual.
Los giros no automáticos, aquellos que no están regidos por ley de coparticipación, pasaron de representar el 1% del PBI en 2023 al 0,3% en 2024, según un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF). El monto devengado ascendió a $1,6 billones en 2024, en comparación con los $2 billones de 2023. Si se considera lo efectivamente pagado, la cifra fue aún menor, alcanzando los $1,4 billones, una reducción del 76%.
CABA fue el único distrito que registró un aumento en los giros no automáticos, recibiendo $652.810 millones en 2024, lo que representó un 33,7% más que en 2023. Esto se debió a la decisión judicial que respondió al reclamo presentado por el exjefe de gobierno Horacio Rodríguez Larreta. En contraste, provincias como La Rioja, La Pampa y Formosa, lideradas por mandatarios opositores, vieron reducciones de hasta el 98%.
En números absolutos, después de CABA, la provincia de Buenos Aires fue la más beneficiada, aunque sus transferencias también disminuyeron un 84,3% en comparación con el año anterior. Otros programas importantes, como el de Gestión Educativa y Políticas Socioeducativas y el funcionamiento de hospitales nacionales, también experimentaron recortes.
Las provincias reclamaron al gobierno la entrega total de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), fondos discrecionales destinados a situaciones de emergencia, pero en 2024 solo se distribuyó el 16,28% del fondo total. Algunos distritos, como Buenos Aires y Chaco, no recibieron estos aportes, mientras que otros, como Misiones y Chubut, fueron beneficiados debido a emergencias específicas.
Este panorama refleja una política de ajuste en las transferencias no automáticas del Gobierno nacional, con diferencias marcadas entre provincias, algunas de las cuales se vieron más afectadas por la reducción de recursos que otras.
