María Alexandra Gómez, esposa de Nahuel Gallo, solicitó la intervención de la Corte Penal Internacional (CPI) para la liberación de su marido, detenido e incomunicado en Venezuela desde hace 51 días. El gobierno argentino ya denunció el caso como secuestro y desaparición forzada.
María Alexandra Gómez, esposa del gendarme argentino Nahuel Agustín Gallo, lanzó un desesperado llamado a la Corte Penal Internacional (CPI) para que intervenga en el caso de su marido, quien lleva 51 días detenido e incomunicado en Venezuela. En un mensaje a través de redes sociales, Gómez expresó su angustia y pidió al fiscal de la CPI, Karim Ahmad Khan, que actúe para esclarecer las circunstancias y el lugar de detención de Gallo.
El gobierno argentino, encabezado por el presidente Javier Milei, ya había denunciado ante la CPI el secuestro de Gallo el 2 de enero, calificando su detención como arbitraria y como una desaparición forzada. La denuncia incluyó a Tarek William Saab, fiscal general venezolano, quien justificó la detención de Gallo alegando que participaba en «acciones conspirativas contra la paz republicana». Saab también cuestionó que el viaje de Gallo a Venezuela fuera para visitar a su esposa y su hijo, sugiriendo que era una «coartada».
Para el gobierno argentino, este caso forma parte de un patrón de crímenes de lesa humanidad en Venezuela, lo que hace que sea competencia de la CPI. El gobierno argentino ha declarado que la liberación de Gallo es una prioridad en su política exterior y que utilizará todos los recursos legales y diplomáticos para asegurar que se respeten sus derechos.
Nahuel Gallo, suboficial de la Gendarmería Nacional en Mendoza, viajó a Venezuela con autorización para visitar a su familia, que reside allí por motivos de salud. Salió de Argentina, pasando por Chile, Colombia y Cúcuta, en la frontera con Venezuela, donde fue detenido por las autoridades venezolanas al intentar cruzar a Ureña. En ese momento, las autoridades retuvieron sus documentos y teléfono móvil, y luego lo apresaron.
El gobierno de Venezuela, a través de su canciller Yván Gil, aseguró que Gallo intentaba «infiltrarse» en el país. Ante esta situación, la Cancillería argentina, junto con el Ministerio de Seguridad, emitió un comunicado el 13 de diciembre rechazando la detención y exigiendo su inmediata liberación.
La detención de Gallo ha sido un caso prioritario para el gobierno argentino, que continúa buscando justicia a través de vías internacionales.
