Mediante un decreto oficial, se disuelve la AGP y se establece la nueva ANPYN, con el objetivo de optimizar la administración de puertos y la hidrovía del Paraná. La medida busca reducir la estructura administrativa y mejorar la eficiencia en el control del comercio exterior.
Este lunes, el Gobierno de Javier Milei dio un paso más en su estrategia de reestructuración del Estado con la disolución de la Administración General de Puertos (AGP). A través del Decreto 3/2025, se resolvió la disolución de la sociedad estatal encargada de la administración del puerto de Buenos Aires y la hidrovía del río Paraná, una vía vital para el comercio exterior argentino.
La AGP fue reemplazada por la creación de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN), un ente autárquico dependiente del Ministerio de Economía. Este nuevo organismo asumirá inicialmente el rol de concesionario de la vía navegable troncal hasta que se adjudique la correspondiente licitación. Una vez concedida la concesión, la ANPYN será responsable de la fiscalización y el control de la actividad, tanto directamente como a través de terceros.
La disolución responde a las medidas tomadas bajo el Decreto 70/23, que derogó la Ley Nº 20.705 de Sociedades del Estado y determinó que las entidades públicas de este tipo pasen a ser sociedades anónimas sin prerrogativas del sector público. Según argumenta el Ejecutivo, la AGP había incrementado su estructura administrativa y su planta de personal de manera desproporcionada respecto a sus funciones y competencias.
Con la disolución de la AGP, la ANPYN será dirigida por un director ejecutivo con rango de Secretario de Estado. El nuevo cargo fue otorgado a Iñaki Miguel Arreseygor, quien hasta ahora se desempeñaba como subsecretario de Puertos y Vías Navegables. Su renuncia formal a este puesto le permitió asumir la dirección de la nueva agencia, cuyo rol será clave en la administración de los puertos del país.
La disolución de la AGP ocurre en un momento clave para el comercio exterior argentino, dado que está en marcha la licitación para el dragado de la hidrovía del Paraná, que es crucial para el 80% de las exportaciones del país. Este proceso ha generado una feroz competencia internacional, y con la nueva reglamentación que excluye a empresas estatales extranjeras, como Shanghai Dredging Co. de China, se espera que solo participen empresas privadas en la adjudicación del contrato.
Con la creación de la ANPYN, el gobierno busca agilizar los procesos y optimizar la administración de los recursos portuarios, a la vez que ajusta la estructura del Estado para hacer frente a los desafíos económicos del país. La medida es la segunda disolución de una empresa estatal durante la actual administración, luego de la liquidación de Trenes Argentinos Capital Humano (Decahf) en octubre de 2024.
