Ariela Alila, conocida por su historial judicial que incluye condenas por delitos sexuales y lavado de activos, vuelve a estar en el centro de la polémica desde el Complejo Penitenciario Federal NOA III, en Salta. La reclusa chaqueña, ahora involucrada sentimentalmente con Verónica del Valle Báez, una exgendarme condenada por narcotráfico, presentó una serie de quejas relacionadas con las condiciones de su encierro y las restricciones impuestas a su vida personal dentro de la cárcel.
Alila denunció que su calidad de vida en prisión es insostenible debido a problemas estructurales, como la falta de agua potable, ventilación y protección contra los mosquitos. “Hace un calor extremo, no puedo higienizarme y tampoco dispongo de un ventilador. Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”, afirmó la detenida en un comunicado. Además, se quejó de que las requisas son “abusivas” y denunció el uso de gas pimienta por parte del personal penitenciario.
El conflicto por las visitas
En su reclamo más reciente, Alila solicitó que se autorizaran visitas conjuntas con su pareja, Báez, y sus familiares, algo que fue denegado por el Servicio Penitenciario Federal (SPF). Según la Justicia, las restricciones responden a normativas vigentes que no fueron consideradas arbitrarias. “Se le explicó en audiencia las reglas que regulan las visitas. No hubo vulneración de derechos”, concluyó el juez Ernesto Sola Espeche en el fallo que desestimó el pedido de habeas corpus presentado por la detenida.
Un pasado lleno de controversias
La historia de Alila ha estado marcada por episodios judiciales de alto impacto. En 2024, mientras cumplía condena en Ezeiza, fue acusada de abuso sexual contra otra interna, lo que derivó en su aislamiento. Su historial incluye cargos por abuso sexual con acceso carnal y privación ilegítima de la libertad, entre otros.
Por su parte, Verónica del Valle Báez, su actual pareja, fue condenada en 2023 a seis años y ocho meses de prisión por transportar más de 20 kilos de marihuana en su vehículo. La exgendarme intentó justificar su caso alegando desconocimiento sobre el contenido de las cajas, pero el tribunal concluyó que estaba al tanto de la operación.
Una figura que no pasa desapercibida
Mientras la Justicia reafirma su decisión de mantener las medidas vigentes, Alila continúa generando titulares con denuncias sobre presuntos maltratos y su lucha por mejores condiciones de detención. Su caso refleja la compleja interacción entre el sistema penitenciario, los derechos humanos y las consecuencias de los delitos cometidos.
Esta situación, que combina temas de relaciones personales, derechos de los reclusos y hechos delictivos, sigue capturando la atención de la opinión pública, planteando debates sobre la gestión penitenciaria y el tratamiento de los internos en Argentina.
