En una acción encabezada por Claudio Avruj, titular del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), el Gobierno ha presentado una denuncia penal ante la Justicia para investigar las presuntas irregularidades en el otorgamiento de subsidios no reintegrables a comunidades indígenas. La denuncia se enfoca principalmente en las organizaciones mapuches, algunas de las cuales han sido designadas como «terroristas» por el actual gobierno de Javier Milei.
El monto total de los subsidios en cuestión asciende a 1.200 millones de pesos, otorgados mayormente durante los gobiernos kirchneristas. Parte de estos fondos se utilizó, según la denuncia, para pagar honorarios de abogados que litigaron contra el Estado en juicios por tomas de tierras y otros conflictos territoriales.
La denuncia presentada por Avruj se sustenta en dos auditorías realizadas por la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), las cuales revelan la falta de control y de rendición de cuentas sobre el uso de los fondos. En uno de los casos más notorios, una comunidad recibió siete millones de pesos sin que se llevaran a cabo las debidas inspecciones ni se justificara el destino de los fondos.
Entre los subsidios irregulares también se destacan pagos a comunidades que ocuparon tierras en diversas zonas del país, como Río Negro y Neuquén. La Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), designada como organización «terrorista», fue una de las entidades que habría recibido estos fondos, los cuales, según se indica, fueron utilizados para financiar sus defensas legales.
Como parte de las medidas correctivas, Avruj ha calificado el Programa de Fortalecimiento Comunitario, creado en 2003, como una «obscenidad», y ha procedido a darlo de baja a través de una resolución oficial.
