La Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) fue oficialmente incluida en el Registro de Entidades Vinculadas al Terrorismo (RePET) tras una serie de ataques incendiarios en la Patagonia. La medida responde a la creciente preocupación por la seguridad en el sur del país y busca frenar el financiamiento de la agrupación. El Gobierno refuerza la cooperación internacional en la lucha contra el terrorismo.
En una resolución publicada en el Boletín Oficial, el Gobierno nacional declaró a la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) como una organización terrorista, incluyéndola en el Registro Público de Personas y Entidades Vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET). La decisión está motivada por una serie de ataques incendiarios y sabotajes perpetrados por la agrupación en la región patagónica, particularmente en Neuquén, Río Negro y Chubut, que han sido reivindicados por su líder, Facundo Jones Huala.
El Ministerio de Seguridad advirtió que la RAM ha estado llevando a cabo estos ataques durante más de una década, destruyendo viviendas, vehículos e infraestructura, además de devastar bosques milenarios mediante incendios intencionales. El Gobierno argumenta que estos actos buscan generar terror y presionar a las autoridades para obtener concesiones, calificándolos dentro del marco del artículo 41 quinquies del Código Penal, que aumenta las penas para delitos con fines terroristas.
Además, se destacó que la RAM actúa en coordinación con otras organizaciones con objetivos y estructuras afines, lo que refuerza la conexión de esta agrupación con grupos terroristas internacionales como Hezbollah y Al Qaeda. En este sentido, el Gobierno se compromete a seguir los tratados internacionales contra el terrorismo y a limitar los recursos financieros que pudieran sostener a la organización.
Con la inclusión de la RAM en el RePET, el Ministerio de Seguridad busca optimizar la lucha contra estos grupos terroristas, fortalecer la cooperación con organismos internacionales y mejorar la distribución de recursos en la prevención y persecución del crimen organizado, especialmente en el sur del país, donde los ataques continúan afectando a la población y al medio ambiente.
