El juez federal Julián Ercolini rechazó este lunes un pedido del ex presidente de la Nación, Alberto Fernández, para suspender su declaración indagatoria en la causa de violencia de género contra su ex pareja, Fabiola Yáñez. La defensa del ex mandatario solicitó la devolución de su teléfono celular, secuestrado al inicio de la causa, argumentando que es clave para garantizar su derecho de defensa. Sin embargo, el magistrado denegó el planteo y confirmó la audiencia para este martes a las 11 horas.
Decisión judicial y antecedentes del caso
La defensa de Fernández, representada por la abogada Silvina Carreira, había presentado la solicitud ante Ercolini, quien desestimó el pedido. A pesar de esto, la defensa del ex presidente podría apelar la decisión para que intervenga la Cámara Federal.
Cabe recordar que la indagatoria ya había sido postergada en dos oportunidades: inicialmente programada para el 11 de diciembre, luego se trasladó al 19 del mismo mes debido a una recusación presentada por Fernández contra el juez. Con la recusación rechazada a fines de diciembre, Ercolini fijó la audiencia para este martes, tras la reanudación de la actividad judicial.
Fernández volvió a insistir con la suspensión, argumentando la necesidad de acceder a su teléfono celular para ejercer su derecho de defensa. El dispositivo fue incautado en agosto de 2024 cuando el juez allanó su domicilio, luego de que Yáñez denunciara que su expareja la había contactado a pesar de tener prohibición expresa de hacerlo. Posteriormente, la querella informó que la última comunicación de Fernández con Yáñez se produjo antes de que la prohibición entrara en vigor. A pesar de esto, los dispositivos secuestrados, incluyendo pendrives y un iPad, nunca fueron peritados.
La acusación
Según la citación a indagatoria, la relación entre Fernández y Yáñez estuvo marcada por una dinámica de violencia psicológica desde 2016 hasta agosto de 2024. El juez Ercolini detalló que la violencia se manifestó mediante acoso, hostigamiento, insultos y destrato, entre otras formas de abuso emocional. Además, indicó que la situación se agravó durante el embarazo de Yáñez en 2021, cuando habría sufrido agresiones físicas, incluyendo zamarreos y golpes que le causaron lesiones.
El magistrado también citó dos episodios específicos de violencia física en 2021, respaldados por imágenes y videos aportados por la querella, en los que se observan moretones en el brazo y el ojo derecho de Yáñez. La violencia, según la acusación, se mantuvo hasta el final del mandato presidencial de Fernández, y se habría prolongado incluso tras la mudanza de Yáñez a la casa de huéspedes de la Quinta de Olivos en 2023.
Asimismo, se lo acusa de intentar coaccionar a Yáñez para que no presentara la denuncia penal, presionándola directamente y a través de terceros, ofreciéndole garantías económicas y amenazándola con «arruinarla» si declaraba en su contra.
Con la confirmación de la indagatoria para este martes, se espera que Fernández brinde su testimonio ante la justicia, mientras su defensa evalúa los próximos pasos a seguir en la causa.
