La sesión del 3 de abril en el Senado para tratar los pliegos de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla como jueces de la Corte Suprema está en duda tras la ruptura de cuatro senadores de Unión por la Patria. Aunque el kirchnerismo sostiene que los nombramientos serán rechazados, en el oficialismo creen que aún hay margen para la negociación.
Impacto de la ruptura en el bloque K
Los senadores Aldo Salino (San Luis), Carolina Moisés (Jujuy), Guillermo Andrada (Catamarca) y Fernando Rejal (La Rioja) formaron el nuevo bloque «Convicción Federal», debilitando a Cristina Kirchner. Desde el kirchnerismo exigen su expulsión, pero la bancada mayoritaria se resiste.
El Gobierno apuesta a bloquear la sesión evitando el quórum de 37 senadores. Actualmente, el bloque K tiene teóricamente 34 miembros, mientras que la oposición (radicales, macristas, libertarios y provinciales) suma 38. Sin embargo, el escenario es incierto debido a las tensiones internas en ambas bancadas.
Estrategias y negociación política
El oficialismo no retirará los pliegos y busca una negociación amplia que podría incluir cambios en la Corte Suprema, como su ampliación a 7 o 9 miembros. Algunos sectores proponen discutir otros nombramientos judiciales junto con los de Lijo y García-Mansilla.
El senador Victoria Villarruel ya enfrentó problemas para formar quórum en una sesión anterior, y el oficialismo confía en que la misma situación podría repetirse el 3 de abril, frustrando la estrategia kirchnerista.
El futuro de Lijo y García-Mansilla
- Ariel Lijo: No asumió su cargo, por lo que, en caso de rechazo del Senado, continuará en su actual función en el Juzgado Federal N°4.
- Manuel García-Mansilla: Ya juró como juez de la Corte y firmó sentencias, lo que complica su posible salida. El Gobierno sostiene que su designación sigue vigente hasta el fin del período legislativo (noviembre de 2025), aunque algunos juristas opinan que su nombramiento debería caer si el Senado lo rechaza.
En la Corte Suprema creen que García-Mansilla solo podría ser removido si un litigante cuestiona su designación, lo que abriría un debate legal sin antecedentes en Argentina.
