El Gobierno Nacional anunció la desclasificación de toda la documentación vinculada al accionar de las Fuerzas Armadas durante la última dictadura militar en Argentina. La medida fue comunicada por el vocero presidencial, Manuel Adorni, a través de un mensaje grabado.
Según explicó Adorni, esta decisión responde al cumplimiento del Decreto 4/2010, que fue dictado hace 15 años pero nunca se implementó por completo. La desclasificación implica el traspaso total de los archivos en manos de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) al Archivo General de la Nación, con el fin de garantizar el acceso a estos documentos históricos.
En el mismo anuncio, el Gobierno informó que reconocerá ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el atentado perpetrado por el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) contra la familia del capitán Humberto Viola en 1974 como un crimen de lesa humanidad. Este ataque, ocurrido en San Miguel de Tucumán, resultó en el asesinato del capitán Viola y de su hija María Cristina, de tres años. Su esposa y su otra hija, María Fernanda, sobrevivieron, aunque esta última sufrió heridas graves. Hasta el momento, la Justicia no había podido avanzar en la causa debido a que el hecho no estaba reconocido bajo esta categoría.
Adorni destacó que, con la desclasificación de los archivos, la información relacionada con la última dictadura militar estará disponible para la memoria histórica y no para la manipulación política. Asimismo, el Gobierno enviará al Congreso un proyecto de ley para establecer la imprescriptibilidad penal y civil de este tipo de delitos.
El anuncio se dio en el marco del 24 de marzo, Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, y se suma a otras acciones del Ejecutivo, como la reducción del personal en la Secretaría de Derechos Humanos y el cierre de la Unidad Especial de Investigación de la Desaparición de Niños como Consecuencia del Terrorismo de Estado.
A primeras horas del 24 de marzo, el oficialismo difundió en redes sociales un video de casi 20 minutos titulado «Memoria completa», en el que el escritor Agustín Laje expuso su visión sobre los hechos de los años 70. El contenido generó controversia, ya que cuestiona la cifra de 30.000 desaparecidos y plantea una revisión del relato histórico predominante.
El anuncio del Gobierno se produce en un contexto de movilizaciones masivas en todo el país, donde organismos de derechos humanos y sectores de la oposición reiteraron su pedido de justicia y memoria histórica.
