El juez federal Ariel Lijo reafirmó que no renunciará a su cargo en el Juzgado Federal N° 4 de Comodoro Py mientras espera que el Senado trate su pliego para integrar la Corte Suprema de Justicia. Lo hizo a través de un escrito dirigido al magistrado Alejo Ramos Padilla, quien tiene en sus manos una causa que cuestiona el decreto presidencial con el que Javier Milei intentó nombrarlo en comisión.
Lijo, uno de los dos jueces propuestos por el Ejecutivo para sumarse al máximo tribunal, expresó en el documento que carece de interés en la decisión judicial sobre la validez del decreto, dado que no ha asumido en la Corte y su expectativa está puesta en el acuerdo del Senado, donde su pliego ya cuenta con dictamen favorable de la Comisión de Acuerdos.
El rol de Ramos Padilla en el debate
El decreto 137 firmado por Milei, que busca designar en comisión a Lijo y Manuel García Mansilla, ha sido objeto de múltiples cuestionamientos legales. Entre ellos, el planteo de la ex diputada Elisa Carrió, quien presentó un Amicus Curiae calificando la medida como «inconstitucional y nula de nulidad absoluta e insanable». Según la dirigente, la designación por decreto viola la Constitución Nacional y principios fundamentales como la independencia judicial y la división de poderes.
Mientras tanto, la Corte Suprema no objetó el nombramiento de García Mansilla y le tomó juramento, pero en el caso de Lijo la situación quedó en suspenso porque el tribunal rechazó la licencia que le había concedido la Cámara Federal. Ante esto, Lijo decidió no impugnar la decisión y reiteró que no renunciará a su juzgado en Comodoro Py.
Definición en el Senado
El tratamiento del pliego de Lijo se mantiene en suspenso en el Senado, donde en un principio se afirmaba que contaba con los votos necesarios para su aprobación, aunque ahora algunos sectores políticos lo ponen en duda. La sesión clave está programada para el 3 de abril, cuando la vicepresidenta Victoria Villarruel ha convocado a tratar los pliegos tanto de Lijo como de García Mansilla. De no obtener el respaldo de la Cámara Alta, su designación quedaría en un limbo legal.
