El Instituto Provincial de Desarrollo Urbano y Vivienda (IPDUV) intimó a cuatro cooperativas de trabajo a devolver más de $380 millones en concepto de deudas por obras de viviendas que quedaron paralizadas desde 2015. Se trata de asociaciones que recibieron financiamiento para la construcción de unidades habitacionales en Puerto Tirol y otras localidades del interior, pero que no cumplieron con los compromisos asumidos ni restituyeron el dinero otorgado.
Tres de las cooperativas involucradas, Eluney Ltda., Rescatando Valores y Na Hacer Construcciones, adeudan $97.353.781,60 cada una. Este monto corresponde a anticipos financieros que recibieron hace casi una década para la construcción de 10 viviendas en un predio de Puerto Tirol. Sin embargo, las obras solo alcanzaron un 55% de avance antes de ser detenidas. Además, una cuarta cooperativa del interior del Chaco enfrenta una deuda adicional de $88 millones.
Fernando Berecoechea, presidente del IPDUV, explicó que, debido al largo período de inactividad, las estructuras han sufrido una depreciación considerable. Como consecuencia, el Instituto decidió extinguir formalmente los contratos con las cooperativas responsables. “El anticipo entregado debía ejecutarse en la obra, pero en este caso se utilizó una cantidad mucho menor de lo previsto”, señaló el funcionario.
Ante la imposibilidad de contactar a las cooperativas en sus domicilios registrados, el IPDUV publicó un edicto en el Boletín Oficial de la provincia el 10 de marzo, notificando la resolución y convocando a los responsables a presentarse. Asimismo, se programó un acto de constatación para el 21 de marzo a las 10:30 en el predio de la obra, con el objetivo de evaluar el estado actual de las viviendas y determinar los próximos pasos.
En cuanto a la continuidad de las construcciones en Puerto Tirol, Berecoechea indicó que el primer paso es resolver la situación legal para que el IPDUV recupere formalmente el control del proyecto. Un relevamiento reciente reveló que algunas de las viviendas inconclusas están siendo habitadas por familias. “Una vez que se concluya el proceso legal, se evaluará la posibilidad de finalizar las obras o encontrar alternativas para mejorar la situación de quienes viven allí”, explicó el titular del organismo.
