La empresa estatal atribuyó las cesantías a la pérdida millonaria ocasionada por las protestas del gremio SUTPA. Aseguran que el reclamo fue en defensa de empleados de una firma privada y que se violaron normas laborales.
Esta semana, la empresa Corredores Viales S.A. despidió a 117 empleados que participaron de las medidas de fuerza impulsadas por el Sindicato Único de Trabajadores de los Peajes y Afines (SUTPA), las cuales fueron calificadas por la empresa y el Gobierno como “ilegales e ilegítimas”.
Según informaron fuentes oficiales, las protestas se extendieron durante cuatro días la semana pasada, provocando pérdidas superiores a los 2.500 millones de pesos al Estado Nacional, al paralizar el cobro de peajes y afectar el normal funcionamiento de los servicios. Desde el Gobierno aseguraron que estas acciones se realizaron sin previo aviso y en violación de la Ley 14.786, que regula los conflictos laborales.
Corredores Viales denunció que la medida sindical se inició como una muestra de solidaridad con 500 trabajadores privados de la empresa Caminos del Río Uruguay, cuya concesión venció en 2014. El gremio pretendía que el Estado Nacional absorbiera o indemnizara a esos empleados, algo que desde la empresa estatal consideraron improcedente.
“Las acciones del sindicato incluyeron el levantamiento de barreras de peaje y la obstrucción del paso, generando largas demoras para los usuarios y una pérdida millonaria en la recaudación”, señalaron voceros oficiales, y agregaron que la afectación incluyó tanto el cobro manual como automático (Telepase), lo que representó un daño diario de más de 700 millones de pesos.
Desde el Gobierno advirtieron que no permitirán «extorsiones de la casta sindical» y afirmaron que, ante nuevas medidas gremiales, se coordinarán acciones con fuerzas de seguridad para evitar cortes de ruta y garantizar la libre circulación.
La empresa anticipó que continuará aplicando sanciones disciplinarias en caso de persistencia de las medidas, incluyendo descuentos salariales y más despidos.
